Si ya has escuchado sobre las consecuencias positivas y negativas de que México haya firmado el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), probablemente te estés preguntando ahora: ¿Y cuándo entrará en vigor?
Los especialistas explican que para que ACTA sea ratificado e implementado , a partir de este momento el país entra en un largo camino, quizás pedregoso. El tiempo no solo dependerá de los procesos legislativos internos, sino también de la transición política que se avecina en México y de que otros países signatarios ratifiquen el acuerdo.
“La actual Legislatura (61) solo podrá discutir su contenido en la sesión del 18 de julio”, dijo Sergio Legorreta, socio de la consultora Baker & McKenzie y especialista en temas de propiedad intelectual, en entrevista vía correo electrónico con CNNMéxico. La Cámara de Senadores fue completamente renovada en las elecciones del 1 de julio y los nuevos legisladores comenzarán a trabajar en septiembre de 2012.
En caso de que sea rechazado o pospuesto, corresponderá a los nuevos senadores —distintos de los que ya estudiaron y participaron en la discusión del ACTA— decidir el futuro del acuerdo.
Además, primero “tendría que ser analizado por comisiones senatoriales como las de estudios legislativos, economía, educación, así como de Ciencia y Tecnología” para ir al pleno a votar, explicó Mike Margáin, socio de la abogacía firma Arochi, Marroquín. & Lindner, en entrevista telefónica con CNNMéxico.
“La ratificación de ACTA será uno de los varios temas que buscarán abordar los nuevos miembros del Senado, entre los que se encuentran reformas legislativas importantes, en áreas como la seguridad y la reforma política”, explicó Margáin.
De todos modos, su ratificación en México no significa que su cumplimiento sea obligatorio : El artículo 40 del Acuerdo indica que su entrada en vigor se producirá luego de que seis de los 37 países participantes en su negociación, además de la Unión Europea, lo ratifiquen. El 4 de julio, el Parlamento Europeo lo rechazó.
Este lunes, Amnistía Internacional solicitó al Senado mexicano que no ratifique el Acuerdo, ya que significaría una importante restricción a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso.
“Debido a las implicaciones que podría tener en materia de derechos humanos la entrada en vigencia de un tratado de comercio internacional de estas características, hacemos un llamado al Senado de la República para que no lo ratifique mientras no existan modificaciones sustantivas que aseguren esa libertad”. se garantizará la libertad de expresión y el debido proceso”, dijo Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Los retos del ACTA para el gobierno mexicano
Los especialistas dicen que para implementar el minuto Habría que hacer cambios profundos en instituciones como la Procuraduría General de la República y el propio promotor del acuerdo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“Hay un déficit enorme de personal especializado: solo tenemos unos 30 expertos con conocimiento en temas de propiedad intelectual en la PGR y una cantidad similar de agentes del Ministerio Público; hacer crecer esta plantilla es un tema de alta complejidad que llevará tiempo”, dijo el experto de Arochi, Marroquín & Lindner.
Al respecto, el titular del IMPI, José Rodrigo Roque, dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico que el gobierno federal tiene la capacidad institucional para responder a la decisión de México de firmar el acuerdo.
“Por supuesto que necesitamos fortalecer no solo esto, sino cualquiera de las instituciones del gobierno federal, sin embargo, con lo que tenemos hoy, tenemos la capacidad institucional suficiente para responder a los desafíos que presenta ACTA”, dijo.
“No olvidemos que detrás de ACTA hay un debate que es sobre la competitividad de las empresas, el empleo de los mexicanos en el sector formal y la protección de la creatividad y el ingenio de los mexicanos y las marcas mexicanas”, agregó. .
Legorreta, de Baker & McKenzie, coincide con Margáin en la necesidad de modificaciones.
“(La implementación) requiere de la creación de un andamiaje legal e institucional que implemente los lineamientos y que sean elegidos por el gobierno respectivo”, explicó.
Probablemente sean necesarios ajustes en leyes como el Código Penal Federal y la Ley Federal de Derechos de Autor, explicó el abogado.
En informe al Senado publicado el 29 de septiembre de 2011, el Ministerio de Economía -de la que depende el IMPI- reconoció que para aplicar el ACTA sería necesario revisar o modificar las normas legales y administrativas, entre ellas la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, la Ley Federal del Derecho de Autor y su Reglamento, y la Ley de Aduanas y su Reglamento.
“El Estado también deberá apegarse a la legislación secundaria que sobre la materia emita el Congreso de la Unión, en donde se reforzará la observancia y el respeto irrestricto de dichos derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de los datos, el debido proceso y el acceso a la información y la cultura”, precisó el IMPI en un comunicado el pasado miércoles.
La firma del Acuerdo sin el apoyo del Congreso ha generado polémica. Los internautas e incluso organismos gubernamentales como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han manifestado su oposición a ciertas partes del documento.
La principal crítica es que podría vulnerar las garantías individuales, ya que autoriza a los proveedores de internet a entregar información de usuarios sospechosos de infringir derechos de autor y establece medidas como el bloqueo de sitios web a los infractores a petición del denunciante, sin dar tiempo a la defensa del demandado.
